Analista y actores fiscales debatieron sobre la propuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en favor de las pequeñas y medianas empresas.
La medida de la Prodecon consiste en que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cause en la contratación de servicios.
Por ello la Cámara de Diputados convocó al foro “Por la defensa de las Mipymes”, para discutir sobre los alcances y las deficiencias de la medida de la autoridad.
Jesús Rodríguez Millán, subprocurador de análisis sistémico de la Prodecon, defendió la propuesta de la institución.
Aseguró que 8,948 empresas fantasma han sido identificadas por parte de la autoridad fiscal, de las cuales se deben combatir.
“La propuesta no nació de la noche a la mañana”, afirmó que las medidas que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no han funcionado actualmente, por lo que es necesario implementar nuevas medidas.
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Raúl Navarrete del Colegio de Contadores Públicos, dijo que “la autoridad no debe considerar a los contribuyentes como delincuentes”.
Aseguró que se debe cambiar la relación para el cobro de impuestos, ya que mencionó que la Prodecon ha revelado que ha identificado a personas físicas y morales que están comprando facturas apócrifas para la evasión fiscal, por lo que si ya se ha detectado, con esta propuesta no se estaría atacando el problema de fondo.
Expuso que se debe simplificar la norma tributaria para poder darle al contribuyente mayor facilidad para el pago de impuestos.
Por su parte, Juvenal Lobato de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, aseguró que la propuesta de la Prodecon, no es la única, pues existe otra sobre el tema en la Cámara de Senadores y que el combate debe ampliarse a todos los sentidos.
Propuso que una manera sería implementar una retención de impuestos a las nuevas empresas, hasta que logren una certificación para así identificar su veracidad y evitar la evasión.
“Es necesario terminar con este fenómeno de la facturación apócrifa”, afirmó Armando Piedra, director general de IDC.
Cuestionó el tiempo que se tardía la autoridad en devolver el saldo a favor, pues reiteró que se toma un tiempo de hasta 17 meses en algunos casos, lo que provocaría pérdidas a las Mipymes.
La primera, de las dos mesas que se realizaron en la Cámara de Diputados, fue inaugurada por Fernando Manzanilla Prieto, legislador de Encuentro Social; Adriana Lozano Rodriguez, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Jesús Rodríguez Millán, subprocurador de análisis sistémico de la Prodecon.
