Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se han abierto debates
El pasado 8 de junio de 2023 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF 07-06-2023), el cual, de acuerdo con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pardo Rebolledo, “cambiará el paradigma sobre la tramitación de los juicios en estas materias”.
Sobre este punto, el ministro explicó que los juzgados del país dedicados a este tipo de juicios tienen que contar con la infraestructura, estructura y personal capacitado para el desahogo de las audiencias orales a más tardar el 1 de abril de 2027 pero “dadas las circunstancias que imperan en la actualidad, será muy complejo lograrlo”.
Rebolledo añadió que aunque el artículo sexto del decreto precisa que la Cámara de Diputados contemplará en los ejercicios fiscales a partir de 2024, una asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento de lo ordenado, si bien, el presupuesto puede aumentar, también puede reducirse, lo que dificultaría “el poder dar cumplimiento a lo establecido”.
Asimismo, en el comunicado No. 364/2023, con fecha del 15 de octubre de 2023, Rebolledo dijo que se requiere capacitación de personal, así como la aprobación de recursos presupuestarios correspondientes que den “operatividad a la nueva norma”.
Sobre ese punto, el político Ricardo Monreal Ávila advirtió a través de un comunicado fechado al 15 de octubre de 2023, que el Código establece que los Poderes Judiciales, federal y estatales tienen que hacer los ajustes reglamentarios para la adopción de las mejoras en sus estructuras e infraestructuras, y tienen a más tardar el 1 de abril de 2027, sin embargo, destacó que los ministros de la SCJN no pueden ser “juez y parte en diferendo sobre Presupuesto de Egresos”.
Monreal mencionó que los ministros “no deberían resolver una probable acción de inconstitucionalidad, derivada de la eliminación de fideicomisos y de una parte del presupuesto para áreas no sustantivas del Poder Judicial”, pues añadió, eso los haría “juez y parte”.
En tanto, el ministro comentó que de hecho, el tema presupuestario será el “verdadero reto para lograr la operatividad”, ya que para hacer realidad esta legislación, la Primera Sala obligó al Congreso de la Unión mediante una sentencia a aprobar la nueva norma con el objetivo de unificar a nivel nacional los procedimientos civiles y familiares para evitar “sentencias contradictorias”.
Por lo anterior, Monreal explicó que “si el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación genera una controversia con el Poder Judicial, debería resolverse en última instancia por un plebiscito, un referéndum, o una consulta ciudadana”, y recordó, los fideicomisos del Poder Judicial que serían eliminados por el Poder Legislativo ascienden a los 15 mil millones de pesos.
Por ello, el legislador con licencia recomendó que los 11 ministros declinen de conocer el caso y permitan que sea otra instancia quien resuelva el asunto.
