De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo se necesitan hacer modificaciones en el ámbito laboral y de seguridad social
Para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento económico, México necesitaría reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El libro “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, de Santiago Levy, es un análisis inédito de data sobre millones de empresas extraído de los censos de las últimas dos décadas.
El estudio revela los "cuellos de botella" que ralentizan a la economía mexicana, cuyo crecimiento promedió apenas 1.2% entre 1996 y 2015 en términos per cápita, muy por debajo de sus pares latinoamericanos y muy por detrás de las economías más dinámicas de Asia.
“El desempeño de la economía mexicana es una paradoja”, dijo Levy, autor del libro y vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID.
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El libro identifica múltiples razones que explican la mala asignación, agrupadas en torno a políticas públicas que regulan los impuestos, la seguridad social y el trabajo, destaca el organismo multilateral.
Afirma que estas políticas protegen a los trabajadores de forma ineficaz, mientras que gravan al sector más productivo de la economía y subsidian al menos productivo, exactamente lo opuesto de lo que se necesita para crear buenos empleos.
El estudio sostiene que la manera más efectiva para aumentar el crecimiento y la productividad, y acrecentar la cohesión social, es reformar las políticas e instituciones que apuntalan la mala asignación.
Entre otras medidas, propone reemplazar la actual multitud de programas sociales y de transferencias con un único programa de seguridad social para todos, así como reemplazar las regulaciones sobre indemnizaciones por despido por un adecuado seguro de desempleo.
Además aconseja eliminar las exenciones al Impuesto al Valor Agregado (compensando a los hogares menos pudientes por la pérdida de ingresos), reducir los impuestos a la nómina y fortalecer la autonomía de las instituciones judiciales encargadas de hacer valer los contratos.
